Un helicóptero policial de São Paulo, marcó el inicio del operativo de desalojo ordenado por el gobierno local de Tarcísio de Freitas. De esta manera, cuatro familias aceptaron trasladarse con asistencia de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano (CDHU), mientras cientos resisten en las entradas de la comunidad y denuncian tanto presiones, como falta de alternativas dignas.

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En este contexto, efectivos de la policía custodian la zona, para restringir el acceso, por lo que, los habitantes de la Favela señalan que existe un clima de tensión. Mientras tanto, estos residentes colocan barricadas y pancartas para acusar al gobernador de impulsar el desalojo encubierto bajo falsas promesas de reubicación.

Con los testimonios de algunos vecinos de la zona, que exponen agresiones de miembros de la policía militar (ROTA), lo que revela violencia institucional detrás del proceso, por lo que un habitante aseveró que son estigmatizados por exigir vivienda.

Asimismo, exponen que el proyecto oficial ofrece viviendas subsidiadas, con cuotas equivalentes al 20% del salario durante tres décadas, sin embargo, algunas familias declaran que deberán destinar el 66% de su pensión a sobrevivir en Itaquera.

Por su parte, líderes comunitarios denuncian que el 87% de traslados se logró mediante coerción, aprovechando la vulnerabilidad de quienes temen quedarse en la calle.

Durante el desalojo, personal técnico de la CDHU, se mantuvo en la zona para retirar enseres de quienes aceptaron cambio de vivienda. Por su parte, la Secretaría del Patrimonio de la Unión (SPU), condicionó la entrega al gobierno estatal de garantías de derechos que, según los afectados, se violan sistemáticamente.

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